Salvatierra advierte que regularizar autos indocumentados perjudicaría a compradores legales

La Cámara Automotriz Boliviana ha expresado su preocupación ante la posibilidad de legalizar los conocidos "autos chutos", señalando que esto afectaría a aquellos que adquirieron vehículos de manera formal, cumpliendo con el pago de impuestos y accediendo a créditos de acuerdo a la normativa vigente.

Jhonny Salvatierra, presidente de la cámara, rechazó la idea de regularizar estos vehículos indocumentados, argumentando que los compradores formales quedarían en desventaja frente a quienes importaron automóviles sin seguir los procedimientos establecidos. "Si se lleva a cabo esta regularización, deberían compensar a quienes compraron vehículos este año y pagaron sus impuestos", indicó.

El representante del sector destacó la desigualdad que enfrentan quienes financian la compra de un automóvil. Por ejemplo, explicó que alguien puede pagar alrededor de 20.000 dólares por un vehículo, pero con los intereses de un crédito, el costo final podría ascender a cerca de 30.000 dólares, mientras que un auto indocumentado podría estar disponible a un precio mucho menor. "Esto castiga a quienes decidieron actuar de manera formal y confiar en el Gobierno", afirmó.

Salvatierra también subrayó que las empresas importadoras enfrentan una carga tributaria elevada y deben cumplir con múltiples controles antes de comercializar sus vehículos. Afirmó que aproximadamente la mitad del precio de cada automóvil vendido corresponde a impuestos, y que estos deben ser verificados por Diprove para asegurar que no tengan reporte de robo antes de la venta.

Ante la posibilidad de que la propuesta de regularización avance en la Asamblea Legislativa, Salvatierra anunció que la Cámara Automotriz comenzará a evaluar acciones legales. "Vamos a explorar el aspecto jurídico porque, si esto se implementa, afectará el patrimonio de muchas personas en el país", aseguró.

En lugar de regularizar los autos indocumentados, Salvatierra sugirió que el Estado debería proceder a su decomiso y posterior remate, lo que también podría generar ingresos para el Estado y los municipios. "Recuperen esos vehículos, realicen los remates y actúen conforme a la ley", concluyó.