Roger Mariaca pierde su visa en EE.UU. por presunta corrupción
El Gobierno estadounidense retiró la visa del fiscal general boliviano, acusándolo de corrupción relacionada con el narcotráfico y de poner en riesgo la lucha contra el narcoterrorismo.
Por Wilmer Choque · septiembre 29, 2026
El Departamento de Estado de EE.UU. ha decidido revocar la visa de Roger Mariaca, fiscal general del Estado, por supuestos actos de corrupción ligados al narcotráfico. Según las autoridades estadounidenses, Mariaca habría empleado su posición para recibir sobornos a cambio de facilitar operaciones de narcotraficantes y ayudar a criminales a evadir la justicia.
Esta decisión se enmarca dentro de una estrategia más amplia de Washington, que busca imponer restricciones migratorias a funcionarios y exfuncionarios de diversos países del continente acusados de corrupción. En Bolivia, esta medida afecta a un total de 12 personas con visas vigentes, incluyendo a Mariaca, el exministro de Justicia Iván Lima, varios fiscales, algunos jueces, el magistrado constitucional Israel Campero y el coronel de la Policía Frans William Cabrera Quispe. Además, otros nueve bolivianos sin visa vigente fueron declarados inelegibles para obtenerla.
El Departamento de Estado argumenta que las acciones de Mariaca amenazan los esfuerzos del presidente Donald Trump en la lucha contra el narcoterrorismo y socavan las instituciones democráticas que Bolivia intenta fortalecer a través de la iniciativa Escudo de las Américas. Esta determinación también afecta a los familiares directos del fiscal.
Por su parte, Mariaca ha rechazado las acusaciones, calificando la revocación de su visa como un posible intento de presión política. Desde Sucre, expresó que respeta la soberanía de EE.UU., pero solicitó que se respete la independencia de las instituciones en Bolivia. Además, defendió las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, incluyendo el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, y aseguró que ni las presiones nacionales ni internacionales impedirán que estas continúen.
"Investigar no significa condenar".
Mariaca enfatizó que corresponde a las instituciones determinar los hechos y que las pruebas establezcan responsabilidades. La medida tomada por EE.UU. es una acción migratoria y no una sentencia judicial en su contra; las acusaciones presentadas por el Departamento de Estado son parte de la justificación para la restricción.