Rodrigo Paz apunta a Jhonny Aguilera: ¿quién sigue en la mira del gobierno?
El exviceministro Jhonny Aguilera fue detenido en medio de un juicio por la crisis de junio de 2024, mientras las investigaciones por tortura y organización criminal avanzan. La incógnita ahora es quiénes serán los próximos en ser investigados.
Por Franz Condori · octubre 6, 2026
Este martes, durante el juicio vinculado a la violencia militar del 26 de junio de 2024, el exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, fue arrestado tras testificar como testigo de descargo. Aunque el tribunal decidió mantenerlo bajo detención durante el intermedio de la audiencia, luego fue liberado, aclarando que la medida era cautelar para asegurar su presencia en el proceso judicial.
La situación de Aguilera se había vuelto tensa en los días previos, dado que la Fiscalía había iniciado un proceso de investigación en su contra por supuestos delitos de tortura y pertenencia a una organización delictiva. Esta acción surge tras una denuncia presentada por la defensa del vicealmirante Juan Arnez Salvador, quien está siendo juzgado por los hechos ocurridos en junio de 2024.
La denuncia alega abusos durante las investigaciones y cuestiona el rol que tuvo Aguilera en el Ministerio de Gobierno y en la Policía durante el periodo en cuestión. Esto lo coloca en el epicentro de un caso que involucra a varios exfuncionarios de la administración anterior.
A pesar del arresto y la nueva investigación, no hay pruebas públicas que demuestren que el presidente Rodrigo Paz haya ordenado su detención o que se trate de una cacería política. Las decisiones fueron tomadas por un tribunal en el marco de un proceso judicial, y la Fiscalía se encargó de abrir la pesquisa por presunta tortura.
Este episodio plantea un interrogante político sobre quiénes serán los siguientes exfuncionarios que enfrentarán investigaciones bajo la actual administración. La ofensiva judicial contra personas de la gestión anterior se ha intensificado, particularmente en torno a temas de narcotráfico, corrupción y los acontecimientos del 26 de junio.
El Gobierno afirma que estas acciones buscan establecer responsabilidades, mientras que opositores y algunos antiguos funcionarios advierten sobre posibles motivaciones políticas en estas investigaciones.