ECONOMÍA

Protestas cañeras y demandas mineras por el alza del diésel

El sector cañero de Santa Cruz se manifiesta en contra del Decreto Supremo 5767, mientras que los mineros piden su derogación y alternativas del Gobierno para enfrentar la crisis del diésel.

Por Lucía Huanca · agosto 19, 2026

En Santa Cruz, el sector cañero llevó a cabo una protestas frente a las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para expresar su rechazo al Decreto Supremo 5767. Encabezados por el dirigente Óscar Alberto Peña, los productores dejaron ‘chala’ en las puertas de la estatal como símbolo de su descontento, argumentando que la regulación que establece dos precios para el diésel discrimina a su sector y aumentará sus costos de producción.

Los cañeros exigen la derogación de esta normativa y piden al Gobierno que trabaje en la creación de una nueva regulación en conjunto con los productores. Peña hizo hincapié en que, tras la eliminación anterior de la subvención al diésel, la producción del sector se vio gravemente afectada, alcanzando solo el 50% de lo proyectado debido a la subida de costos. Aseguró que la nueva medida podría perjudicar aún más los precios de los productos en los mercados.

Además, se anunció la convocatoria a una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde se planean definir nuevas medidas de presión y tomar decisiones sobre cómo enfrentar la situación generada por el decreto.

Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) también manifestó su rechazo al Decreto Supremo 5676 y exigió su derogación, criticando que se les solicite presentar alternativas ante una medida que establece un precio referencial de Bs 18 por litro para Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos).

“El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros. Ellos tienen que traer propuestas, no decretos, no imposición”, declaró el presidente de Fencomin, Josué Caricari, en respuesta a las declaraciones del ministro de la Presidencia.

El Decreto Supremo 5676 fue promulgado en un contexto donde las filas en las estaciones de servicio continúan, evidenciando la escasez de combustible. Esta norma busca aliviar la carga fiscal de la importación de diésel por parte de YPFB, estableciendo un precio que incluye los costos de importación y tributos, con un precio referencial inicial de Bs 18 por litro para ciertos consumidores, manteniendo Bs 9,80 para el resto.

Fencomin advirtió que la implementación de este decreto tendrá un impacto negativo en la producción, así como en los trabajadores y familias, y reafirmó su estado de emergencia, demandando la anulación del DS 5676.