Posible extensión del estado de excepción ante bloqueos en Bolivia
El Gobierno contempla una posible ampliación del estado de excepción en respuesta a la continuidad de bloqueos y nuevas movilizaciones en el país, relacionadas con el precio de los combustibles.
Por Boris Mamani · agosto 28, 2026
El Ejecutivo liderado por Rodrigo Paz está considerando la posibilidad de extender el estado de excepción que se encuentra en vigor, debido a la persistencia de bloqueos y a las amenazas de nuevas protestas en oposición al Decreto Supremo 5676, que regula el precio y la subvención de combustibles.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, advirtió que si continúan las presiones que obstaculizan la libre circulación, el Gobierno podría evaluar la prórroga de esta medida excepcional. El objetivo es evitar que se repitan los conflictos que tuvieron lugar en mayo y junio, donde los bloqueos duraron semanas, afectando el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos.
A pesar de esto, José Luis Gálvez, vocero presidencial, indicó que la ampliación del estado de excepción no es una prioridad en este momento. Aclaró que la medida sigue vigente y que las autoridades están en la obligación de hacer cumplir las restricciones y sancionar a quienes bloqueen las vías.
El estado de excepción fue declarado por Paz el 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636, con una duración de 90 días, lo que significa que estará vigente hasta el 18 de septiembre de 2026. Cualquier posible extensión requeriría la autorización de la Asamblea Legislativa, conforme a la interpretación constitucional.
La discusión sobre la ampliación se ha intensificado después de que varios sectores reanudaran los bloqueos y anunciaran nuevas movilizaciones. Un punto crítico es el puente San Pablo, en la carretera Santa Cruz-Beni, donde los productores mantienen su medida de presión desde hace tres días, exigendo, entre otras cosas, la liberación de detenidos.
Desde la oposición y algunos legisladores han cuestionado al Gobierno, sugiriendo que debería cumplir con el estado de excepción actual antes de considerar su ampliación. No obstante, desde el oficialismo ya se está promoviendo una propuesta para extenderlo por seis meses, argumentando que existen riesgos de nuevos conflictos sociales.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo hincapié en que el estado de excepción es una solución temporal y que no resuelve las causas estructurales detrás de los conflictos. En este sentido, instó a priorizar el diálogo y atender las demandas que podrían desencadenar una nueva ola de protestas.
Por el momento, el Gobierno se mantiene abierto a la posibilidad de ampliar la medida, aunque no se ha tomado una decisión definitiva. La resolución dependerá de cómo evolucionen los bloqueos y movilizaciones en las próximas semanas y del procedimiento que establece la normativa para la prórroga del estado de excepción.