Juan Pablo Velasco defiende la soberanía judicial de Bolivia ante restricciones de EE.UU.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, reafirma la independencia de la justicia boliviana tras las recientes medidas de EE.UU. que afectan a autoridades locales.
Por Wilmer Choque · septiembre 30, 2026
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó que Bolivia es un país soberano y tiene el derecho de gestionar su propia justicia, en el contexto de la controversia que rodea las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos a autoridades y exautoridades bolivianas. Velasco hizo un llamado a la independencia de los poderes del Estado, evitando pronunciarse a favor de alguna de las posiciones en conflicto.
"Es muy pronto para dar una opinión, no estamos en ninguno de los dos lados", comentó Velasco al referirse al controvertido caso que involucra a varios funcionarios bolivianos. El gobernador subrayó la importancia de investigar los hechos antes de tomar decisiones y enfatizó que deben evitarse las influencias externas en la justicia nacional.
Estas declaraciones se producen luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara restricciones de visado que impactan a 13 ciudadanos bolivianos y sus familias. Entre los mencionados se encuentra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien ha sido señalado por el Gobierno estadounidense con acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, estas acusaciones aún no han sido probadas en un tribunal.
Mariaca ha rechazado los cargos en su contra y criticado cualquier manifestación de injerencia extranjera en los asuntos judiciales del país. Por su parte, el Gobierno boliviano ha manifestado su intención de solicitar a EE.UU. información y pruebas que respalden las acusaciones formuladas contra sus funcionarios.
Además, en la Asamblea Legislativa se está preparando un análisis exhaustivo sobre esta situación. Velasco reiteró que, antes de atribuir responsabilidades, es crucial que se respete la institucionalidad y la independencia de los poderes del Estado. Su postura se alinea con otros sectores que demandan el esclarecimiento de las acusaciones mediante pruebas y procedimientos adecuados.