ECONOMÍA

Gobierno interviene YPFB por 180 días para mejorar operaciones

La administración estatal implementó un decreto que establece la intervención temporal de YPFB, buscando optimizar la logística en la importación y distribución de combustibles.

Por Wilmer Choque · septiembre 2, 2026

El Ejecutivo nacional ha decidido intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo máximo de 180 días, debido a fallas en sus operaciones. Esta medida, que tiene como fin mejorar la cadena logística relacionada con la importación y distribución de carburantes, se formalizó a través del Decreto Supremo 5697, que fue aprobado el 1 de septiembre.

La intervención puede ser extendida una vez por hasta 90 días adicionales, si persisten las irregularidades que motivaron esta acción, mediante resolución del Ministro de Hidrocarburos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se dé por concluida antes del plazo establecido si se logran superar las deficiencias actuales.

Comisión estatal a cargo del seguimiento

Una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria será responsable de supervisar las actividades de YPFB durante este período. Esta comisión estará compuesta por representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministro de Transparencia.

El enfoque principal de la comisión será la comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles, así como la realización de auditorías técnicas para detectar posibles redes de contrabando y otras irregularidades. También podrán identificar responsabilidades del personal involucrado en estos procesos.

La comisión tiene la facultad de revisar todos los procesos relacionados con la importación y distribución de combustibles y podrá recomendar auditorías que, de evidenciar irregularidades, resulten en informes que se enviarán a la Contraloría General del Estado y otras entidades competentes.

Es importante destacar que esta intervención no representa la eliminación de YPFB ni alterará su estructura jurídica. Además, los costos de esta operación no se cargarán al Tesoro General de la Nación, ya que se cubrirán con los presupuestos de las instituciones que conforman la comisión.