FMI otorga $us 1.900 millones a Bolivia: un alivio pero con condiciones

El anuncio de un crédito de $us 1.900 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha generado expectativas en Bolivia, ya que este apoyo podría contribuir a fortalecer las Reservas Internacionales y brindar estabilidad económica al país. Sin embargo, este financiamiento viene acompañado de la exigencia de implementar ajustes en el gasto fiscal durante los próximos tres años.

Gustavo Machicado, economista de la Universidad Católica Boliviana (UCB), y Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, expusieron sus opiniones en el programa "Detrás de los números" de la red Erbol, resaltando que este recurso es vital para mitigar la escasez de divisas y enfrentar la crisis fiscal y monetaria del país.

Uno de los principales retos para el Gobierno será lograr un ajuste fiscal que permita reducir el déficit primario a cero en tres años. Para ello, se deberán implementar medidas como la disminución del gasto público, el aumento de la eficiencia del Estado y la reducción de subsidios, especialmente en el sector de combustibles.

Durante la discusión, se destacó también la situación de la deuda externa boliviana, que se sitúa en alrededor del 47% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la deuda total, incluyendo la interna, supera el 100% del PIB. Los expertos subrayaron la importancia de considerar no solo el monto, sino también los plazos y las tasas de interés de dicha deuda.

Los analistas mencionaron el papel de la Gestora Pública y del Banco Central como fuentes de financiamiento interno en la economía nacional. En este contexto, señalaron que la mayor parte de los $us 2.000 millones en bonos soberanos están en manos de acreedores nacionales, resaltando que la deuda total, tanto interna como externa, debe ser saldada.

Machicado y Núñez coincidieron en que este crédito del FMI no será una solución mágica para la crisis, ya que su monto es insuficiente. Sin embargo, podría abrir la puerta a financiamientos adicionales de otros organismos internacionales, que podrían alcanzar hasta $us 5.000 millones.

Además, los expertos hicieron hincapié en la necesidad de revisar el funcionamiento de las empresas públicas que operan con déficit. Propusieron una responsabilidad compartida y la generación de consensos que lleven a un ajuste económico necesario, abogando por un cambio fiscal sostenible que trascienda los distintos gobiernos, todo mientras se preserva la paz social en el país.