Expertos advierten sobre riesgos de la nueva Ley de Inversiones

El economista Martín Moreira, parte de la Red Boliviana de Economía Política, ha manifestado su preocupación por el proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según Moreira, los mecanismos de estabilidad jurídica, incentivos tributarios y arbitraje internacional incluidos en el proyecto pueden tener efectos adversos.

Moreira destacó la importancia de atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras, para impulsar el crecimiento económico, crear empleo, adoptar nueva tecnología y superar la falta de divisas en el país. Sin embargo, subrayó que estas inversiones deben ir acompañadas de compromisos claros que aseguren que una parte significativa de las ganancias permanezca en Bolivia.

El documento legislativo, que incluye 103 artículos, podría otorgar garantías amplias a los inversionistas antes de establecer regulaciones específicas para sectores clave como minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía. Esta secuencia, según el economista, podría limitar las posibilidades de negociación del Estado en áreas que son consideradas estratégicas para la economía nacional.

Moreira también expresó su preocupación por la estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional, argumentando que las garantías ofrecidas a los inversionistas no deberían restringir la capacidad del Estado para ajustar políticas tributarias, ambientales o regulatorias en respuesta a nuevas necesidades y circunstancias.

En relación a los incentivos fiscales, el economista sugirió que se debería evaluar cuánto dejaría de recaudar el Estado y qué beneficios tangibles recibiría a cambio en términos de empleo, transferencia tecnológica, exportaciones y desarrollo productivo.

Finalmente, enfatizó la necesidad de que la Ley de Inversiones priorice aquellos proyectos que propicien la creación de empleo formal, la incorporación de tecnología, el apoyo a proveedores nacionales y la generación de valor agregado, sin olvidar la protección de los recursos naturales y evitando que la atracción de capital resulte en una rápida transferencia de activos públicos fuera del país.