Defensa de fiscal general sostiene que denuncia debe seguir otro rumbo
El abogado de Roger Mariaca argumenta que la aprehensión de su cliente y otros fiscales es ilegal y que debe respetarse un procedimiento específico para altos cargos.
Por Boris Mamani · octubre 2, 2026
Jerjes Justiniano, abogado de Roger Mariaca, calificó la aprehensión del fiscal general y de sus colegas Alberto Zeballos y Martín Irusta como "ilegal" y "arbitraria". Aseguró que se ha presentado una acción de libertad para cuestionar la legalidad de estas detenciones y otras medidas tomadas durante el proceso.
Justiniano enfatizó que para una aprehensión se requiere de flagrancia, que según su criterio, no se presenta en los tres delitos que se investigan: organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
El abogado también criticó los allanamientos realizados en varias Fiscalías, afirmando que se hicieron sin órdenes judiciales. Mencionó que esto viola la Constitución, que protege la inviolabilidad de los domicilios y lugares de trabajo.
Sobre la denuncia contra Mariaca, el abogado explicó que esta no debería ser tratada en la vía ordinaria, sino que debe seguir el procedimiento que estipula la Ley 612 para altos funcionarios del Estado, que describe cómo proceder ante una denuncia o sanción.
Justiniano defendió la decisión de que Luis Montaño asuma como fiscal interino, indicando que esto está respaldado por la ley y no es una autodesignación. Resaltó que la normativa establece que, ante la ausencia del fiscal general, debe asumir el fiscal superior más antiguo.
Acerca de los hallazgos de dinero en algunas operaciones, el abogado solicitó que se investigue adecuadamente, señalando la importancia de un control jurisdiccional para evitar la manipulación de pruebas.
Finalmente, Justiniano sugirió que el trasfondo de las acciones legales contra Mariaca podría estar vinculado a una lucha de poder, mencionando conexiones con el entorno del presidente Rodrigo Paz.
El abogado concluyó reafirmando que las acciones contra Mariaca y los otros fiscales deben seguir el marco legal correspondiente y ser supervisadas por las instancias adecuadas.