ECONOMÍA

Cuestionan el nuevo proyecto de Ley de Inversiones por seis contradicciones clave

El analista Omar Rilver Velasco Portillo expone serias dudas sobre el proyecto de Ley de Inversiones del Gobierno, señalando contradicciones que podrían afectar su implementación y efectividad.

Por Wilmer Choque · agosto 13, 2026

Omar Rilver Velasco Portillo, analista especializado, ha planteado críticas al reciente proyecto de Ley de Inversiones promovido por el Gobierno boliviano, identificando un total de seis aspectos que podrían generar confusión y contradicciones respecto a su aplicación.

Uno de los puntos señalados por Velasco es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI) y la limitación de 120 días para elaborar el Plan de Inversiones. Se cuestiona qué funciones específicas desempeñará esta agencia mientras se desarrolla dicho plan.

Además, el experto criticó los incentivos económicos y fiscales destinados a empresas transnacionales, argumentando que el proyecto no establece requisitos básicos en cuanto a inversión, generación de empleos, transferencia de tecnología o reinversión de divisas en el país.

Otra de las preocupaciones radica en las exenciones impositivas, como las que se relacionan con el IVA y el Gravamen Arancelario, así como los créditos tributarios sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Velasco advierte que estas medidas podrían provocar una disminución en los ingresos fiscales sin contar con mecanismos claros para compensar esta pérdida.

Asimismo, el analista alertó sobre el riesgo de que empresas extranjeras puedan repatriar utilidades y dividendos sin que el proyecto establezca un mínimo de reinversión en Bolivia ni mecanismos que aseguren el retorno de las divisas generadas por exportaciones.

Por último, la participación de la Asamblea Legislativa en los contratos de inversión también fue objeto de la crítica de Velasco. Sostiene que la ley permitiría la ratificación de contratos negociados por el Ejecutivo, desdibujando las atribuciones constitucionales de la Asamblea en relación con los contratos del Estado.

Velasco concluye advirtiendo que el proyecto facilitaría al Gobierno utilizar recursos públicos para financiar programas de crédito y garantías en el sector privado, una medida que considera inapropiada dados los actuales desafíos del déficit fiscal que enfrenta el país.