Crece la presión para que el ministro Gabriel Espinoza renuncie por irregularidades en su declaración

Las denuncias sobre el ministro Gabriel Espinoza han aumentado, luego de que se revelaran inconsistencias en su declaración jurada y presuntas irregularidades fiscales. De acuerdo con la legislación vigente en Bolivia, estas acciones podrían implicar varios tipos penales.

Las acusaciones incluyen la falsedad en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, que está regulada por el Artículo 274 del Código Penal, el cual castiga a los funcionarios que omiten o falsean datos patrimoniales ante la Contraloría General del Estado. En este caso, se señala que Espinoza no incluyó un vehículo en su declaración y presentó un patrimonio que no corresponde a la realidad.

Además, se le podría imputar falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, tal como estipulan los Artículos 199 y 203 del Código Penal. Esto se basa en que, supuestamente, habría registrado un precio muy inferior en un documento notarial de transferencia de un bien, lo que distorsiona la verdad sobre el valor real de la transacción.

Otro aspecto en la mira son los delitos tributarios, que se relacionan con la evasión fiscal. La Ley N° 2492 establece que la intencionalidad de subvaluar bienes para evadir impuestos puede llevar a serias consecuencias legales. Espinoza habría declarado un costo muy bajo para evitar pagar el impuesto correspondiente a la transferencia de propiedades.

Finalmente, también se investiga un posible enriquecimiento ilícito. Según los Artículos 27 y 28 de la Ley N° 004, se examina si hay un incremento patrimonial injustificable en relación con los ingresos que el funcionario ha declarado. En este punto, se destaca la adquisición de un vehículo de lujo que no concuerda con sus ingresos oficiales, lo que podría activar investigaciones más profundas sobre el origen de esos fondos.