Conflicto por "Narcomadera": Importadores de EE.UU. y México exigen respuestas a Chile
La incautación y quema de madera boliviana en Arica genera tensión entre importadores y autoridades chilenas, que son cuestionadas por los análisis realizados.
Por Boris Mamani · octubre 20, 2026
Importadores de madera de Estados Unidos y México han levantado la voz en contra de las autoridades chilenas tras la incautación y destrucción de cargamentos bolivianos en el puerto de Arica. Los compradores exigen un acceso más transparente a la documentación técnica y la realización de pruebas independientes, ya que cuestionan los análisis que sustentaron estas acciones.
De acuerdo con el medio chileno Emol, los reclamos se hicieron evidentes durante la visita del presidente José Antonio Kast a Bolivia, aunque el tema no fue prioritario en la agenda oficial. La International Wood Products Association (IWPA), que representa a importadores madereros, destacó que envíos similares fueron revisados en otros países como Brasil y Canadá, sin encontrar sustancias prohibidas, a diferencia de lo que afirmaron las autoridades chilenas acerca de un cargamento sospechoso.
La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales de México (IMEXFOR) también se sumó a los reclamos, advirtiendo que esta controversia tiene repercusiones negativas sobre los compradores, distribuidores y compañías navieras involucradas. Ambas organizaciones solicitan conocer los detalles de los análisis realizados y la implementación de protocolos que garanticen la cadena de custodia en las pruebas.
El caso remonta a junio, cuando la Fiscalía de Arica notificó sobre la incautación de más de 1.080 toneladas de madera proveniente de Bolivia, alegando la presencia de sustancias controladas como cocaína y ketamina. El fiscal regional, Mario Carrera, defendió la investigación y mencionó que los análisis realizados por el Instituto de Salud Pública respaldaron estas afirmaciones, aunque reconoció que había discrepancias en las concentraciones detectadas.
Los exportadores bolivianos han cuestionado estos resultados, argumentando que la incineración de la madera incautada impide la realización de pruebas independientes. La Cámara Forestal de Bolivia ha estimado que las pérdidas económicas ascienden entre 10 y 15 millones de dólares, advirtiendo que la reputación del sector está en juego y que podría haber una pérdida significativa de mercados y empleos.
La controversia ha llegado a la Cancillería boliviana, que ha llevado a cabo gestiones diplomáticas para asegurar la conservación de muestras y dar seguimiento al caso. A pesar de que la madera ya fue destruida, las autoridades chilenas han indicado que existe la posibilidad de realizar nuevos análisis con contramuestras que se encuentran bajo custodia del Instituto de Salud Pública.
Este 20 de octubre se llevará a cabo una audiencia en el Juzgado de Garantía de Arica, donde se evaluarán aspectos relacionados con la legalidad de las acciones y el tratamiento de las pruebas. Los exportadores bolivianos también están considerando acciones legales en busca de compensación por los daños económicos ocasionados por esta situación.
La disputa podría escalar más allá de lo judicial, ya que el sector forestal boliviano exige transparencia técnica y una solución diplomática que ayude a restablecer la confianza de los compradores internacionales en sus productos.