Colombia restringe el derecho a protestar

Entre agosto y septiembre, los ataques armados y los crímenes de Estado aumentaron en Colombia, lo que se ha vinculado al giro autoritario del gobierno liderado por Abelardo De la Espriella.

Un reciente decreto del Ministerio del Interior autoriza a la Policía Nacional a disolver protestas sin necesidad de mediación previa, lo que desmantela el enfoque del Decreto 003 de 2021, que priorizaba el diálogo antes de cualquier acción policial.

Con esta nueva regulación, la intervención de la fuerza pública podrá ocurrir de inmediato ante bloqueos o alteraciones a la movilidad, dejando de lado a los gestores de convivencia y permitiendo que el Puesto de Mando Unificado controle las operaciones sin la supervisión de organismos de derechos humanos.

Activistas y organizaciones civiles han expresado su preocupación, señalando que esta medida vulnera los derechos constitucionales establecidos en el artículo 37 de la Constitución, y puede llevar a una represión sistemática de las manifestaciones populares.

Además, el decreto impone sanciones a las familias cuyos hijos menores de edad participen en marchas, afectando particularmente a comunidades campesinas e indígenas, que ya enfrentan condiciones difíciles de organización y desplazamiento por la falta de servicios básicos en sus áreas.

Varios dirigentes políticos y defensores de derechos humanos han calificado esta medida como un "incentivo criminal al desastre", alertando sobre el peligro de una escalada en la violencia y el retorno a una política de seguridad nacional que justifica el uso excesivo de la fuerza en las calles.

Por su parte, exfuncionarios del Ministerio del Interior y diferentes organizaciones sociales han criticado esta decisión del gobierno, señalando que podría tener consecuencias graves para la convivencia y la seguridad en el país.