Choferes de Bolivia en pie de guerra tras el "dieselazo"
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia advierte con paros y bloqueos si el Gobierno no revierte el aumento en el precio del diésel, que pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro. Este lunes se definirá su postura en un ampliado nacional.
Por Boris Mamani · septiembre 19, 2026
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia ha declarado estado de emergencia debido a la reciente eliminación de la subvención al diésel, un cambio que ha hecho que el precio del combustible suba considerablemente. Este aumento, regulado por el Decreto Supremo 5716, ha pasado de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro, lo que ha encendido las alarmas en el sector del transporte.
El secretario general de la Confederación, Víctor Tarqui, ha instado a la abrogación de este decreto, argumentando que el aumento de precios impactará negativamente tanto en el transporte como en los usuarios. "¿Cuál es el arma de los sectores sociales? El bloqueo", enfatizó Tarqui, sugiriendo que si el Gobierno no da marcha atrás, los choferes podrían recurrir a medidas de presión.
Se anticipa que el ampliado nacional, programado para este lunes, reunirá a todas las federaciones y modalidades de transporte para acordar una posición unificada respecto a la situación. A pesar de la crisis, Tarqui aclaró que no se contempla un aumento en las tarifas de los pasajes por el momento, en un intento de no trasladar el impacto del coste del combustible a los usuarios.
En La Paz, las nueve federaciones regionales, junto con transportistas independientes y cooperativas, han decidido implementar un paro indefinido en rechazo al Decreto 5716. Este sector exige que cualquier diálogo se lleve a cabo con la presencia del presidente Rodrigo Paz o de una comisión gubernamental con capacidad de decisión, subrayando la seriedad de su postura.
La preocupación por el impacto de la eliminación de la subvención no se limita a los choferes; otros sectores también han expresado su descontento y han anunciado la posibilidad de movilizaciones. Por su parte, el Gobierno ha defendido su decisión, alegando que busca reducir el costo fiscal relacionado con los combustibles, aunque promete medidas de compensación social y apoyo productivo en el futuro.