Chile aprueba ley para facilitar expulsiones de extranjeros

El Senado de Chile aprobó un proyecto que optimiza el proceso de expulsión administrativa de extranjeros que han cometido infracciones. Esta ley permite a las fuerzas policiales, siempre que cuenten con una orden judicial, ingresar a domicilios donde se encuentren inmigrantes con órdenes de expulsión vigentes.

La votación resultó en 37 votos a favor y una abstención, y corresponde al informe final de una comisión mixta que realizó modificaciones al proyecto previamente respaldado por la Cámara de Diputados. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, destacó que se buscó agilizar las expulsiones y asegurar que estas sean efectivas.

Entre las principales modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería, se encuentra facilitar la localización y detención de extranjeros con órdenes de expulsión. La Policía de Investigaciones (PDI) ahora podrá solicitar a un juez autorización para ingresar a un domicilio y realizar la captura, y el juez deberá decidir en un plazo de 24 horas.

García Ruminot también enfatizó la importancia de esta ley, señalando que tanto la Cámara de Diputados como el Senado han aprobado un proyecto que busca mejorar la efectividad en el cumplimiento de las expulsiones administrativas.

Además, la nueva iniciativa amplía el plazo mínimo de prohibición de reingreso al país para ciertos casos, de tres a cinco años, y establece mecanismos que permiten la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que enfrenten procesos penales, siempre que cuenten con la autorización judicial.

Actualmente, hay más de 330,000 extranjeros en situación irregular en Chile, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Se estima que hay más de 75,000 órdenes de expulsión aún pendientes, de las cuales casi la mitad son para ciudadanos venezolanos.

Pese a los esfuerzos recientes por restablecer relaciones consulares con Venezuela, no se han reportado avances significativos en la ejecución de estas órdenes. En el Congreso, también se discute un proyecto de ley que busca tipificar la migración irregular como delito.