La administración de Rodrigo Paz ha decidido solicitar a la Asamblea Legislativa que se amplíe el estado de excepción vigente por otros 90 días a partir de septiembre. Esta medida responde a la continuidad de factores de riesgo en el país.
La Asociación de Municipios de Oruro ha señalado que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe decidir sobre la ampliación del estado de excepción, debido a la preocupación por los bloqueos y conflictos sociales que afectan la economía local.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga condiciona la posible ampliación del Estado de excepción a que el Ejecutivo presente cuentas claras sobre los resultados obtenidos hasta ahora.
Se habla de una posible autorización judicial para que el exmandatario Luis Arce reciba atención médica fuera del penal, aunque no hay confirmación oficial de esta información.
El excandidato a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, arremetió contra el presidente Rodrigo Paz pidiendo su salida del Gobierno sin esperar un referendo revocatorio. Asegura que su mandato debe culminar de manera urgente.
La senadora Ana María Crispín sostiene que Andrónico Rodríguez fue utilizado en la estrategia de influencia política del argentino Fernando Cerimedo en Bolivia. Las investigaciones siguen su curso.
La diputada de Unidad, Julieta Jiménez, critica los llamados recientes a unir a la izquierda boliviana y exige que Evo Morales y Eduardo Del Castillo enfrenten a la Justicia por sus responsabilidades. Su postura se da en un contexto de acercamientos dentro del sector político.
La Confederación del Transporte Libre de Bolivia declaró estado de emergencia y dio un ultimátum al Gobierno por la crisis de diésel. Además, este martes 15 de septiembre, los maestros marcharán en defensa de sus derechos.
El presidente Rodrigo Paz convoca a líderes políticos para alcanzar acuerdos que eviten nuevas crisis, mientras la sociedad demanda un diálogo inclusivo que represente a todos los sectores.
Una conversación de WhatsApp muestra cómo el asesor argentino Fernando Cerimedo intentó dirigir la respuesta del Gobierno a las protestas que duraron más de 50 días, generando interrogantes sobre su rol y poder.
