Bolivia vuelve a enfrentar incendios devastadores y las leyes que los fomentan siguen vigentes

Bolivia ha iniciado nuevamente su temporada crítica de incendios, con ya más de 7.500 hectáreas convertidas en cenizas, principalmente en Tarija y el Parque Nacional Otuquis. A pesar de la urgencia por modificar las normativas que permiten la quema de tierras y el desmonte, los esfuerzos legislativos para abolir estas polémicas leyes están estancados en la Asamblea Legislativa.

En Tarija, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ha reportado alrededor de 5.000 hectáreas afectadas por incendios en diversas comunidades. Ante esta situación, el gobierno departamental ha declarado emergencia en los municipios de Méndez, Uriondo y Cercado. Al mismo tiempo, la Fiscalía ha iniciado al menos cuatro investigaciones para determinar responsabilidades por estos desastres.

Por su parte, el Parque Nacional Otuquis se enfrenta a uno de los incendios más severos, donde se han visto afectadas cerca de 2.538 hectáreas. También se han detectado focos de fuego en otras localidades como Pailón, Porongo y San Matías, complicando las labores de extinción debido a la falta de agua y la escasez de combustible para las brigadas.

A pesar de que la temporada de incendios apenas comienza y el periodo de mayor riesgo se extiende entre julio y octubre, la diputada Cecilia Requena (Unidad) ha señalado que no se ha logrado abrogar ninguna de las leyes que permiten estas prácticas nocivas. A pesar de que algunas propuestas fueron aprobadas en el Senado en legislaturas anteriores, han quedado estancadas en la Cámara Baja.

Una de las normativas en cuestión es la Ley 1171, que desde 2019 regula las quemas y establece sanciones, pero cuyos procesos de abrogación han encontrado resistencia. Requena también criticó la ineficacia de las multas, que son tan bajas que algunos infractores prefieren pagarlas como un costo más de la producción.

Asimismo, la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades, sigue vigente a pesar de que su abrogación fue aprobada en el Senado en septiembre de 2024. Para la legisladora, es imperativo que se desarrolle una nueva Ley de Bosques que evite vacíos legales y promueva prácticas agrícolas sostenibles.

La advertencia es alarmante, especialmente tras el desastre de 2024, donde se quemaron 12,6 millones de hectáreas, siendo Santa Cruz la más afectada con el 68% de las pérdidas. Requena subraya que la solución no se limita a combatir el fuego cuando ya ha comenzado, sino que requiere una coordinación efectiva, vigilancias comunitarias y cambios en la forma de uso de la tierra, mientras las llamas continúan amenazando bosques y comunidades.