Bolivia alcanza uno de los precios más altos de diésel en Sudamérica
El precio del diésel en Bolivia ha aumentado considerablemente, colocándose en el segundo lugar más alto de la región tras la eliminación de subsidios. Este cambio marca un giro significativo en la política de precios del país.
Por Franz Condori · septiembre 22, 2026
Bolivia ha dejado atrás su histórica venta de diésel a precios bajos y ahora se posiciona entre los países con costos más elevados en Sudamérica. A partir de la eliminación de subsidios el 18 de septiembre, el litro de diésel ahora se vende a Bs 17,95, que equivale aproximadamente a $us 1,63, según datos de Global Petrol Prices a fecha del 19 de septiembre. Solo Perú presenta un precio más alto, rondando los $us 1,96 por litro en comparación.
Este cambio de precio representa un drástico cambio en la política de subsidios que se mantuvo durante cerca de veinte años. Desde 2006, el litro de diésel se había mantenido a Bs 3,72 gracias a las subvenciones estatales, que cubrían la diferencia entre el costo local y el de importación. Un intento de aumento de precios en 2010 fue revertido debido a una fuerte ola de protestas conocidas como el "gasolinazo".
Impacto de la eliminación de subsidios
La eliminación de estos subsidios ha generado un considerable ahorro para el Estado. En 2023, la subvención a los hidrocarburos alcanzó un total de Bs 12.678 millones, de los cuales Bs 12.477 millones fueron asignados a diésel y gasolina, según lo reportado por el Ministerio de Economía. Durante este tiempo, el Gobierno argumentaba que estas políticas eran necesarias para mitigar el efecto de los precios internacionales en el transporte y el costo de vida.
Sin embargo, comenzaron a surgir problemas de abastecimiento y falta de divisas para importar combustibles, provocando largas filas en 2025 y dificultades para sectores productivos que necesitaban diésel para actividades agrícolas.
Con la reciente decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de eliminar el subsidio al diésel, se implementará un sistema de precio único. Según el Gobierno, esta medida busca reducir la presión fiscal y abordar los problemas de abastecimiento, marcando así el fin de una política que había mantenido los precios del combustible artificialmente bajos, pero que empezaba a ser insostenible para las finanzas del país.