Cristina Fernández y Máximo Kirchner inician juicio por corrupción en Argentina
La exmandataria y su hijo enfrentan cargos por lavado de activos en la causa 'Hotesur-Los Sauces', relacionada con negocios familiares y contratos de obra pública.
Por Boris Mamani · octubre 22, 2026
Desde este viernes, Cristina Fernández, quien fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, y su hijo, Máximo Kirchner, se encuentran en el banquillo de los acusados en un juicio oral por la presunta comisión de lavado de activos y asociación ilícita en el caso conocido como 'Hotesur-Los Sauces'.
El Tribunal Oral Federal N.º 5 se encargará de este proceso judicial, que surge tras la decisión de un tribunal superior de unificar dos expedientes que se manejaban de manera separada hasta hace pocos días.
Las acusaciones de la Fiscalía apuntan a que, entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, la familia Kirchner estableció un sistema para lavar dinero a través de sus empresas, Hotesur y Los Sauces, que manejaban propiedades e ingresos de actividades turísticas en Santa Cruz, a cambio de favores de empresarios con contratos estatales.
Cristina Fernández enfrenta cargos de asociación ilícita y lavado de activos, bajo la acusación de ser la líder de esta organización, mientras que Máximo Kirchner es señalado como uno de los organizadores. En total, 19 personas, incluidos empresarios y funcionarios, están implicados en este escándalo.
Entre los acusados también se encuentran figuras como Carlos Alberto Sancho, exgobernador de Santa Cruz, y Lázaro Báez, empresario del sector de la construcción, quien se encuentra encarcelado desde 2016 por otro caso de corrupción. Asimismo, otros nombres relacionados con medios de comunicación, como Cristóbal López y Fabián de Sousa, están incluidos en la lista de imputados.
La defensa de Cristina, liderada por su abogado Carlos Beraldi, ha cuestionado las decisiones del tribunal, argumentando que cambiar la estructura del proceso a pocos días del inicio del juicio podría poner en riesgo las garantías de los acusados.
Es importante recordar que la exmandataria cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025 debido a otros cargos de corrupción, y este juicio podría conllevar penas de entre tres y diez años de prisión si se demuestra su culpabilidad.