Exautoridades de YPFB enfrentan denuncia por gastos injustificados de Bs 17 millones
El viceministro de Transparencia presenta cargos contra siete exfuncionarios de YPFB por un presunto uso indebido de recursos públicos en la construcción de la "Casa Ejecutiva".
Por Boris Mamani · octubre 20, 2026
Yamil García, viceministro de Transparencia, ha llevado una denuncia al Ministerio Público que involucra a siete exautoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un presunto perjuicio económico que asciende a casi Bs 17 millones. Este conflicto se relaciona con la construcción, supervisión y mantenimiento de la controversial "Casa Ejecutiva" de la estatal petrolera.
La denuncia apunta a posibles delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, ya que se habrían utilizado recursos públicos en una infraestructura cuyo equipamiento no justificaba la alta inversión. García subrayó que los gastos realizados en la "Casa Ejecutiva" parecen más propios de un hotel de lujo que de una institución pública.
Gastos de lujo en la mira
Entre los gastos cuestionados se incluyen equipos de comunicación sofisticados, lujoso mobiliario, sistemas de seguridad, y hasta televisores de alta gama. García destacó la instalación de cuatro parlantes Bose en los jardines, cada uno con un precio superior a los 500 dólares, además de muebles de diseño y obras de arte.
El viceministro aclaró que no se está cuestionando la calidad de la construcción de la casa, sino la conveniencia de destinar fondos públicos a estos gastos. Aunque la razón inicial para edificar la casa era evitar que los directores tuvieran que hospedarse en hoteles, no se ha demostrado que esto haya generado beneficios económicos o sociales al Estado.
La denuncia afecta a siete exfuncionarios de YPFB, incluido Guillermo Achá, quien fue presidente ejecutivo interino. El viceministro espera que las autoridades pertinentes tomen acciones para que estos exfuncionarios comparezcan ante la justicia y se investiguen los hechos denunciados.
El caso ya está en manos del Ministerio Público, que deberá investigar las acusaciones y determinar las responsabilidades de los involucrados.