Nuevas leyes permiten a las FF.AA. combatir el crimen organizado en Bolivia
El 7 de octubre de 2026, el Gobierno nacional aprobó cuatro leyes que habilitan la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal. La medida genera debate sobre la militarización del país.
Por Franz Condori · octubre 7, 2026
El Gobierno de Bolivia, el 7 de octubre de 2026, aprobó un conjunto de cuatro leyes dirigidas a permitir que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) participen activamente en la lucha contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y la minería ilegal.
El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) fue el encargado de validar estas legislaciones, que buscan reestructurar el sistema de seguridad nacional. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó que las organizaciones delictivas han evolucionado y requieren una respuesta más adaptada y efectiva.
Entre las competencias que se otorgarán a los militares se encuentran la realización de patrullajes en las fronteras, el control de vías fluviales y la protección de infraestructuras críticas del país. El Ejecutivo justifica esta intervención militar debido a la creciente complejidad del crimen organizado.
Sin embargo, la aprobación de estas leyes ha suscitado preocupaciones sobre la posible militarización progresiva de la sociedad. Abogados y analistas han expresado su inquietud sobre el impacto que esto podría tener en los derechos humanos y en la relación entre las fuerzas armadas y la ciudadanía.
Las cuatro leyes ahora serán revisadas por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), que cuenta con un plazo de siete días, hasta el 14 de octubre de 2026, para completar esta revisión antes de que el paquete legal sea discutido en la Asamblea Legislativa.
Justiniano también mencionó que las organizaciones criminales actuales no solo se dedican al tráfico de drogas, sino que tienen estructuras complejas con recursos, logística, tecnología y rutas internacionales, lo que intensifica la necesidad de una respuesta más robusta por parte del Estado.
El presidente Rodrigo Paz subrayó que la colaboración entre las FF.AA. y la Policía es un mandato constitucional, aunque la implementación de militares en la seguridad interna podría generar un debate sobre su legalidad y el respeto a los derechos civiles.
Esta iniciativa legislativa está basada en un mandato del 17 de septiembre de 2026, cuando el presidente reactivó el Cosdep y nombró al general Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal como secretario nacional permanente, enfatizando la necesidad urgente de enfrentar el narcoterrorismo en Bolivia.