Exfiscales incumplen con la institucionalización del Ministerio Público

El 6 de octubre de 2026, se dio a conocer que Ramiro Guerrero, Luis Lanchipa y Roger Mariaca, quienes ocuparon el cargo de fiscales generales del Estado, no cumplieron con la institucionalización del Ministerio Público, a pesar de que esta responsabilidad está claramente definida en la Ley 260, vigente desde el 11 de julio de 2012. A lo largo de 14 años, cada uno en su respectivo periodo, ignoraron esta normativa y designaron a los fiscales departamentales según su criterio personal.

La Ley 260, en su inciso II del Artículo 33, establece que los fiscales departamentales deben ser designados por el Fiscal General a través de un proceso de convocatoria pública y evaluación de méritos. Sin embargo, ni Guerrero ni Lanchipa ni Mariaca llevaron a cabo este procedimiento. Guerrero y Lanchipa se desempeñaron como fiscales generales durante seis años cada uno, mientras que Mariaca ocupó el cargo durante un año y once meses, empezando su gestión el 21 de octubre de 2024.

Para eludir el cumplimiento de la Ley, los exfiscales utilizaron un artículo transitorio que permitía, por única vez, que el procedimiento de designación de fiscales departamentales quedara en manos del Fiscal General. Lo que comenzó como una excepción se convirtió en una práctica común durante más de 14 años.

Durante su gestión, Guerrero fue criticado por no haber realizado cambios significativos en el Ministerio Público. A pesar de ser el primer fiscal electo bajo la nueva constitución, su gestión fue considerada ineficaz, dejando inconclusos 16 casos importantes relacionados con corrupción y conflictos sociales. En 2021, fue nombrado viceministro de Tierras en el gobierno de Luis Arce, marcando su continuidad dentro del masismo.

Luis Lanchipa asumió el cargo el 23 de octubre de 2018 y también se amparó en el artículo transitorio para la designación de fiscales. Durante su gestión, aunque prometió institucionalizar el cargo, su enfoque se centró más en la creación de programas de capacitación y digitalización de procesos, sin lograr una verdadera transformación del Ministerio Público. Afirmó que al final de su gestión había institucionalizado a un 60% de los fiscales, aunque esto fue cuestionado.

Roger Mariaca, quien asumió en octubre de 2024, enfrentó críticas similares a las de sus predecesores. A pesar de anunciar la institucionalización, mayormente continuó con el enfoque de Lanchipa y fue cuestionado por el Defensor del Pueblo sobre la falta de avances. En julio de 2026, fue detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción, lo que desató un escándalo en el Ministerio Público.

Los tres exfiscales enfrentan un legado de ineficiencia y escándalos, lo que pone en entredicho su compromiso con las leyes y la justicia en Bolivia. La falta de institucionalización ha dejado al Ministerio Público en una posición vulnerable, cuestionando la transparencia y eficiencia de su labor.