Consejo de la Magistratura urge celeridad en el caso de la jueza Alarcón

Carlos Spencer Arancibia, el titular del Consejo de la Magistratura (CM), reveló detalles sobre la situación jurídica de la jueza Livia Alarcón, quien fue destituida por un tribunal disciplinario de Oruro en primera instancia. El Consejo ratificó esta decisión en 2025, pero la ejecución de la sanción se ha visto paralizada por una medida cautelar del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Spencer cuestionó la interferencia de las Salas Constitucionales y del TCP en procesos disciplinarios, señalando que, en numerosas ocasiones, estas instancias han interferido en las sanciones impuestas por el CM. Esto ha llevado a que las decisiones del Consejo sean suspendidas o anuladas, lo cual dificulta la aplicación de destituciones necesarias.

El presidente del CM destacó que en enero de este año, se reportó que al menos ocho destituciones estaban detenidas debido a resoluciones de Salas Constitucionales. Por ello, solicitó al TCP que se pronuncie con urgencia sobre la situación de la jueza Alarcón, así como sobre otros casos similares que se encuentran pendientes.

Además, Spencer mencionó que existe otro proceso disciplinario en curso contra Alarcón, que también se detuvo por un amparo constitucional en Sucre, lo que obliga a la emisión de una nueva resolución sobre su caso.

El presidente del Consejo hizo un llamado a las Salas Constitucionales y al TCP para que se atiendan con celeridad las acciones tutelares relacionadas con jueces sancionados, con el fin de evitar que las decisiones disciplinarias queden en un limbo indefinido. La prolongación de estos procesos podría dar lugar a riesgos de prescripción de las sanciones.

A pesar de las dificultades, Spencer reafirmó el compromiso del Consejo de continuar llevando a cabo procesos disciplinarios y aplicar las sanciones correspondientes, siempre respetando el debido proceso y las competencias de la institución.

Solicitudes al TCP

El presidente del CM espera que se tomen decisiones rápidas que brinden claridad a los casos de jueces que han sido sancionados y que están en espera de una resolución definitiva, ya que la demora causa una creciente preocupación en la institución.