Gobierno enfrenta acusaciones serias contra el fiscal general Mariaca
El Ejecutivo boliviano responde a las restricciones de visa impuestas por EE.UU. y anuncia investigaciones internas sobre el caso del fiscal general Roger Mariaca, señalado por corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Por Franz Condori · septiembre 28, 2026
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que las acusaciones realizadas por Estados Unidos contra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, son de carácter "muy graves" y que el Gobierno está comprometido a respetar la independencia de las instituciones mientras colabora con las investigaciones pertinentes.
En una conferencia de prensa realizada el 28 de septiembre de 2026, Aramayo enfatizó que las restricciones de visa impuestas a 12 bolivianos, incluidos Mariaca y otros funcionarios de la justicia, representan un reto para la institucionalidad democrática del país. El Gobierno boliviano se ha comprometido a solicitar información al Departamento de Estado de EE.UU. sobre las razones detrás de estas sanciones.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, también se refirió a la gravedad de las acusaciones y aseguró que se buscará información adicional para entender los fundamentos de las decisiones del Gobierno estadounidense. "Las denuncias de corrupción y vínculos con el narcotráfico deben ser aclaradas con pruebas concretas y respetando el debido proceso", sostuvo.
En relación al caso de Mariaca, se hará una solicitud formal a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener la información necesaria sobre las restricciones de visa. Justiniano reiteró que el Ejecutivo tomará en serio las acusaciones y que se realizarán las investigaciones correspondientes sobre los implicados.
Por su parte, Aramayo aclaró que el Gobierno respeta las decisiones migratorias de EE.UU., pero destacó que las investigaciones en Bolivia deben seguir los procedimientos establecidos por la legislación nacional. En el contexto de las presiones políticas, enfatizó que cualquier decisión sobre la permanencia del fiscal general deberá ser tratada por la Asamblea Legislativa, que lo designó en su cargo.
Ambos ministros hicieron un llamado a no politizar el asunto y a esperar información y evidencia antes de formarse juicios. Justiniano subrayó la importancia de ser objetivos en este momento crítico.
El Gobierno boliviano reitera su firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, declarado desde el inicio de la gestión del presidente Paz. Esta situación se presenta como una oportunidad para demostrar la solidez de la democracia y el Estado de derecho en Bolivia.