Viceministerio de Transparencia asumirá el control de unidades en instituciones públicas
El nuevo decreto busca fortalecer la independencia de las Unidades de Transparencia y facilitar la fiscalización de posibles actos de corrupción.
Por Wilmer Choque · septiembre 15, 2026
El viceministro de Transparencia, Yamil García, ha anunciado que el Decreto Supremo 5706 otorga al Viceministerio la responsabilidad de proponer a los encargados de las unidades de transparencia en las entidades públicas. Este cambio implica que, a diferencia del pasado, donde estos responsables eran designados por las autoridades ejecutivas de cada institución, ahora será una designación gubernamental.
García destacó que este nuevo enfoque busca asegurar un control más riguroso en todas las entidades estatales, lo que permitirá a las unidades de transparencia operar con mayor autonomía para detectar y seguir irregularidades.
Una de las modificaciones más relevantes es que las unidades de transparencia ya no tendrán que esperar a recibir denuncias formales para actuar. El viceministro indicó que podrán llevar a cabo verificaciones y solicitar documentos cuando existan indicios de corrupción.
García enfatizó: "No vamos a esperar que la denuncia llegue al escritorio donde se genere la noticia de posible corrupción, vamos a ir y vamos a pedir la información y la documentación de forma directa". Esta medida tiene como objetivo agilizar la respuesta ante posibles ilícitos.
El Decreto 5706 marca el inicio de una nueva fase en la lucha contra la corrupción, enfocándose en la implementación de mecanismos preventivos y estructurales, en lugar de limitarse solo a investigar casos específicos.
Además, se introducirán sistemas digitales que permitirán un seguimiento más efectivo de la gestión de los recursos públicos. También se fortalecerá la colaboración con la Unidad de Investigaciones Financieras para rastrear el patrimonio de personas involucradas en actos de corrupción.
García concluyó afirmando que la lucha contra la corrupción no solo se trata de identificar y procesar a los responsables, sino también de recuperar los recursos que han perjudicado al Estado, asegurando que estos vuelvan al patrimonio de todos los bolivianos.