ALD PIDE REFUERZO MILITAR EN SAN IGNACIO ANTE ASESINATOS
La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz solicita medidas urgentes de seguridad en San Ignacio de Velasco, incluyendo la suspensión de clases presenciales, tras el aumento de homicidios vinculados al crimen organizado.
Por Franz Condori · septiembre 15, 2026
La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz ha solicitado al Gobierno que se tomen medidas inmediatas para aumentar la seguridad en San Ignacio de Velasco. En particular, se pide la militarización de las áreas más peligrosas, debido a la creciente ola de asesinatos que se sospechan estar relacionados con actividades de sicariato y crimen organizado.
María René Álvarez, presidenta de la ALD, criticó el plan Fronteras Seguras, afirmando que la presencia del Estado en la frontera sigue siendo inadecuada. Álvarez hizo un llamado a implementar acciones más efectivas para evitar que la violencia se propague hacia la población civil.
La inquietud se intensificó tras el asesinato de dos hombres el domingo en San Ignacio, ocurrido con solo 15 minutos de diferencia. La Policía reportó que uno de ellos no contaba con antecedentes delictivos, mientras que el otro podría tener vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), lo que genera más preocupación en la comunidad.
Desde la ALD también se ha propuesto la suspensión temporal de las clases en las escuelas, en respuesta al miedo que han expresado los padres de familia. Además, han surgido reportes sobre marcas en viviendas y escuelas que, según fuentes locales, podrían estar asociadas a bandas criminales brasileñas, aunque no se ha confirmado oficialmente su origen.
Este pedido de la ALD se produce en un contexto en que el Gobierno ha anunciado el despliegue de fuerzas especiales del ejército en San Ignacio. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que los efectivos militares estarán en la zona el tiempo que sea necesario, mencionando la existencia de grupos criminales que están disputando el territorio.
La ALD ha declarado que San Ignacio "no puede ser tierra de nadie", exigiendo una presencia estatal más robusta, mayor inteligencia, control fronterizo y acciones decididas contra las estructuras criminales que operan en el área.