Transportistas exigen atención del Gobierno en 48 horas y maestros se suman a la protesta
La Confederación del Transporte Libre de Bolivia declaró estado de emergencia y dio un ultimátum al Gobierno por la crisis de diésel. Además, este martes 15 de septiembre, los maestros marcharán en defensa de sus derechos.
Por Franz Condori · septiembre 14, 2026
La presión sobre el Gobierno boliviano se intensifica. La Confederación del Transporte Libre ha anunciado su estado de emergencia y otorgó un plazo de 48 horas al Ejecutivo para que responda a sus demandas, que giran principalmente en torno al desabastecimiento de diésel.
Los transportistas han alertado que la falta de combustible ha provocado una reducción de hasta el 50% en la operatividad del transporte de carga y servicios interdepartamentales, lo que ha ocasionado pérdidas significativas y complicaciones en el cumplimiento de sus labores.
Entre las solicitudes del sector se encuentra el mantenimiento urgente de las carreteras, la apertura del mercado del seguro obligatorio para accidentes de tránsito y el cumplimiento de los compromisos previamente acordados con el Gobierno.
También existe inquietud por un posible retiro de la subvención a los combustibles, según lo estipulado en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para inicios de 2027. Los líderes del sector han advertido que, de eliminarse los subsidios, los precios de los transportes se ajustarían de inmediato al costo internacional del combustible.
Marcha de educadores este martes
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia ha convocado a sus 31 federaciones a participar en una Gran Marcha Nacional de Cacerolas Vacías el 15 de septiembre. Esta movilización es una respuesta a las políticas económicas, sociales y educativas del Gobierno.
- Abastecimiento de carburantes
- Incremento salarial
- Recuperación del poder adquisitivo
- Abrogación de los decretos supremos 5676, 5563 y 5654
Así, tanto transportistas como educadores están preparados para salir a las calles, lo que representa un nuevo desafío para un Gobierno ya presionado por la crisis del diésel y el deterioro del poder adquisitivo de la población.