Alertan sobre el despido de 143 guardaparques y su impacto en la conservación en Bolivia
Organizaciones ambientales expresan su preocupación ante la medida que podría dejar desprotegidas áreas naturales del país. Guardaparques denuncian condiciones laborales precarias y posibles consecuencias graves.
Por Boris Mamani · septiembre 14, 2026
La situación de 143 guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha encendido alarmas en diferentes organizaciones dedicadas al medio ambiente y la conservación en Bolivia. Los empleados recibieron instrucciones de poner sus cargos a disposición, lo que ha sido calificado por muchos como un "despido encubierto", poniendo en riesgo la protección de zonas naturales cruciales para el país.
La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC) ha rechazado esta medida, subrayando las serias implicancias que podría tener la disminución del personal encargado de la vigilancia en los parques nacionales. Además, la Defensoría del Pueblo ha notificado al ministro correspondiente sobre la situación de estos guardaparques, mientras que una diputada se ha comprometido a llevar el tema al seno de la Asamblea Legislativa.
En las redes sociales, se ha difundido una denuncia que menciona el precario estado en el que trabajan los guardaparques y cómo su despido permitiría la proliferación de actividades ilegales, como la caza, las quemas y la explotación de recursos naturales. No obstante, hasta el momento no se ha presentado evidencia concreta que respalde que el Gobierno busca despedir a los guardaparques para facilitar estas prácticas ilegales.
A pesar de las preocupaciones expresadas, desde el Gobierno se ha asegurado que no habrá despidos. La versión oficial sostiene que la instrucción se extiende a alrededor de 1.200 funcionarios, cuyo puesto será evaluado antes de decidir su ratificación. Esta explicación choca con la interpretación de los guardaparques y las organizaciones que advierten que esto podría resultar en despidos masivos.
Los guardaparques han enfatizado que una reducción en su número podría aumentar la vulnerabilidad de las áreas protegidas ante la presión de cazadores, traficantes y otros explotadores de recursos, lo que traería consecuencias negativas para el medio ambiente y la biodiversidad en Bolivia.