Un llamado urgente a la unidad nacional tras 51 días de crisis
El presidente Rodrigo Paz convoca a líderes políticos para alcanzar acuerdos que eviten nuevas crisis, mientras la sociedad demanda un diálogo inclusivo que represente a todos los sectores.
Por Franz Condori · septiembre 14, 2026
Luego de 86 días desde que se firmó un acuerdo que puso fin a 51 días de protestas y bloqueos en el país, la situación política y social sigue siendo tensa. Ante la inminente finalización del estado de excepción, expertos sugieren que es crucial sentar a todos los actores en una mesa de diálogo para evitar que la crisis se repita.
El presidente Paz ha comenzado a promover esta iniciativa, haciendo un llamado a los principales partidos políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para llegar a consensos sobre cuatro temas prioritarios: la reforma de leyes, la modificación constitucional, el equilibrio en representaciones y la subvención futura. En su discurso en Santa Cruz, destacó la necesidad de unidad para abordar estos temas urgentes.
Sin embargo, figuras de la oposición como Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa no han emitido respuesta formal a esta convocatoria. Para el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, el reto va más allá de lograr acuerdos políticos: es fundamental restaurar la capacidad de las instituciones democráticas para manejar diferencias constructivamente y prevenir futuros conflictos.
Un diálogo inclusivo es esencial
Rivera aboga por una cumbre que invite a todos los sectores, enfatizando que un diálogo sincero es clave para lograr acuerdos duraderos y evitar que las diferencias se conviertan en confrontaciones. Desde el ámbito sindical, Sósimo Paniagua también sostiene que es necesario reunir a todos los actores políticos para crear una agenda común que beneficie al país.
El analista político Daniel Moreno resalta la importancia de incluir no solo a los partidos de la Asamblea, sino también a gobernadores y alcaldes en las discusiones. Esto permitirá abordar las demandas desde una perspectiva más amplia y adaptada a la realidad económica, social y territorial del país.
La crisis de mayo y junio dejó pérdidas económicas significativas, ascendiendo a 3.000 millones de dólares, además de afectar a 150.000 empleos y provocar la muerte de al menos 22 personas. Estos hechos resaltan la urgencia de buscar soluciones antes de que surjan nuevas tensiones.
En conclusión, mientras el país se prepara para el fin del estado de excepción, la pregunta crucial es cómo los actores políticos y sociales responderán para evitar que futuras demandas se conviertan en crisis. La respuesta debe ser proactiva: abrir espacios de diálogo y construir consensos antes de que sea demasiado tarde.