Gobierno evalúa recortes en subvenciones tras acuerdo con el FMI
El Ejecutivo de Rodrigo Paz contempla reducir subsidios estatales, incluyendo el energético, como parte de un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional que busca ajustar el déficit fiscal.
Por Boris Mamani · septiembre 10, 2026
El Gobierno de Bolivia, liderado por Rodrigo Paz, está considerando recortar varias subvenciones estatales, además de eliminar el subsidio a los combustibles. Esta medida se encuentra en el marco de un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El sector energético se encuentra especialmente bajo la lupa, lo que podría repercutir directamente en los costos que enfrentan tanto hogares como empresas.
El acuerdo con el FMI establece un plan de reducción gradual de subvenciones y del gasto público, orientado a achicar el déficit del sector público, que se ha identificado como un problema crítico para la economía nacional. Se proyecta que este ajuste fiscal represente alrededor del 8,5% del PIB entre 2026 y 2029.
Uno de los puntos más delicados de este acuerdo es el relacionado con los combustibles. Se ha convenido que durante 2026 se mantendrán los precios internos, pero a partir de enero de 2027 se deberá avanzar hacia la recuperación de costos y el Presupuesto General del Estado no incluirá recursos para subsidios en esa área.
El alcance del acuerdo con el FMI no se limita únicamente a la gasolina y el diésel. También se prevé la eliminación progresiva de los controles de precios, que incluyen regulaciones en alimentos y energía, así como la racionalización de la inversión pública, la reducción del gasto estatal y la reestructuración de empresas públicas no viables.
El Gobierno resalta que estas acciones son parte de un programa de 36 meses para estabilizar las finanzas públicas. La colaboración con el FMI incluye un financiamiento estimado de aproximadamente $us 1.900 millones, y se espera que el programa facilite la obtención de fondos adicionales de organismos como el BID y la CAF.
La preocupación principal radica en cómo este ajuste afectará a la población. Mientras el Gobierno busca reducir el peso de las subvenciones sobre el presupuesto, la reducción o eliminación de estos mecanismos podría trasladar una mayor carga de los costos de energía y otros servicios a consumidores y empresas, impactando directamente en su economía.
Así, el acuerdo con el FMI no solo aborda el diésel y la gasolina, sino que la revisión de otras subvenciones abre un nuevo capítulo de ajustes que podría afectar notablemente el bolsillo de los bolivianos.