Cierre de Empresas Estatales: El Gobierno Evalúa Medidas Drásticas
El Gobierno de Bolivia está considerando cerrar entre ocho y diez empresas estatales que no sean viables económicamente. La reestructuración busca optimizar los recursos y reducir el déficit fiscal.
Por Boris Mamani · septiembre 10, 2026
La administración de Rodrigo Paz se encuentra en pleno proceso de reestructuración del sector estatal, analizando la posible liquidación, transformación o cierre de varias empresas públicas en crisis. Esta revisión, impulsada por el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP), podría afectar a un número entre ocho y diez entidades.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, detalló que se realizarán diagnósticos técnicos en estas empresas para identificar cuáles son sostenibles y cuáles son un lastre para las finanzas del Estado. La normativa aprobada en el PGE Reformulado 2026 habilita acciones como reorganización, disolución y liquidación de entidades públicas.
La problemática financiera de varias empresas estatales ha llevado a esta decisión. Según la OFEP, hay al menos 15 empresas en quiebra técnica, acumulando pérdidas que rondan los Bs 3.637 millones. Entre estas se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y B-Agro, la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria.
Además, el nuevo presupuesto contempla una disminución de Bs 3.800 millones en los aportes de capital a estas empresas, como parte de un esfuerzo del Gobierno por reducir el déficit fiscal. Espinoza aclaró que la intención no es cesar automáticamente las operaciones, sino explorar cuál es la alternativa más adecuada: reestructurarlas, asociarlas con el sector privado o, en último caso, liquidarlas.
Se están considerando casos específicos, como una empresa estatal en El Alto que produce papas fritas. Dependiendo de los resultados de la evaluación, esta podría cerrarse, ser transferida a otra instancia gubernamental o asociarse con un privado.
Con esta reestructuración, el Gobierno busca reducir la carga de un aparato empresarial que durante años ha consumido recursos públicos. Ahora, las empresas deberán demostrar su capacidad para operar de manera eficiente y sostenible, sin depender del Estado.