Senado da luz verde a ley para acelerar convenios de infraestructura
Este martes, la Cámara de Senadores aprobó una ley que busca optimizar la firma de convenios relacionados con infraestructura, facilitando así la ejecución de proyectos en todo el país.
Por Wilmer Choque · septiembre 8, 2026
La Cámara de Senadores, en su sesión del martes 8 de septiembre de 2026, sancionó un proyecto de ley que modifica las normativas anteriores sobre acuerdos y convenios intergubernativos, con la intención de adaptarse a la nueva organización del Órgano Ejecutivo. La normativa fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Con este cambio, se busca facilitar la ejecución de programas y proyectos que requieren la firma de convenios entre el gobierno central y las entidades territoriales. El presidente del Senado, Diego Ávila, destacó que antes era el Ministerio de la Presidencia el encargado de estos convenios, pero ahora, con la nueva estructura, el Ministerio de Obras Públicas asumirá esa responsabilidad.
"La norma abre la posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas, a través de sus distintas instancias, firme estos convenios", comentó Ávila, subrayando que varios programas están pendientes de la firma de estos documentos para iniciar su ejecución en municipios y comunidades del país.
Principales cambios de la norma:
- El Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas podrán firmar convenios con entidades públicas y organizaciones sociales.
- Se definen responsabilidades claras sobre financiamiento y ejecución de obras.
- Se amplía la capacidad de las entidades territoriales para suscribir convenios con el nivel central.
Durante la discusión, el senador César Mentasti explicó que esta medida permitirá al Ministerio de Obras Públicas delegar la firma de convenios a funcionarios, siempre que haya financiamiento disponible. "Con esta ley, fortalecemos la capacidad del ministerio para atender proyectos solicitados desde diferentes regiones del país", afirmó.
La norma también incluye medidas para redirigir recursos hacia proyectos que necesitan reactivación y establece que la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) deberá informar cada seis meses a la Asamblea Legislativa sobre los recursos asignados a estos programas, asegurando así un seguimiento adecuado.