El FMI otorga $US 1.900 millones, pero el ajuste podría impactar en el costo de vida
Un acuerdo entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional plantea reformas económicas que generan incertidumbre sobre el aumento de precios en alimentos, vinculados a los combustibles.
Por Wilmer Choque · septiembre 6, 2026
El reciente acuerdo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha despertado inquietudes sobre cómo las reformas económicas propuestas podrían afectar el bolsillo de los bolivianos, en especial en lo que respecta al precio de los combustibles.
Este programa financiero prevé una inyección de aproximadamente $US 1.900 millones durante un periodo de 36 meses, con el objetivo de respaldar las reformas económicas del Gobierno.
Según lo indicado por el FMI, el acuerdo incluye la consolidación fiscal, la optimización del gasto, la modernización del régimen cambiario y la eliminación de distorsiones en diferentes mercados. Además, se implementarán medidas de protección social para mitigar el impacto en las poblaciones más vulnerables.
Sin embargo, la atención se centra en los combustibles. Recientemente, sectores productivos y cívicos han relacionado el aumento del precio del diésel con los compromisos adquiridos por el Gobierno ante el FMI.
La controversia se intensificó cuando el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, mencionó que la regulación del precio del diésel era una "condición" impuesta por el FMI, aunque luego se retractó. El Gobierno ahora argumenta que tanto el Decreto 5676 como el precio de Bs 18 establecido para grandes consumidores son decisiones propias.
Los críticos advierten sobre el efecto dominó de la situación: si los precios de los combustibles aumentan, esto podría repercutir en los costos de producción y transporte de alimentos, lo que a su vez incrementaría los precios para el consumidor final.
Se ha generado un clima de incertidumbre, ya que legisladores han denunciado que el proyecto enviado al Legislativo carece de varios documentos y metas específicas que fueron negociadas. Exigen conocer detalles cruciales como la Carta de Intenciones, el Memorando de Políticas Económicas y las metas fiscales antes de aprobar el financiamiento.
Bolivia podría recibir una inyección de $US 1.900 millones, pero la gran pregunta que surge entre la población es: ¿cuánto costará realmente esta reforma a los ciudadanos cuando se traduzca en precios más altos en los productos básicos?