Gobierno implementa intervención en YPFB por seis meses
La intervención busca mejorar la gestión de la petrolera estatal y fortalecer su cadena de suministro de combustibles. Esta medida se extenderá por un máximo de 180 días, con posibilidad de prórroga.
Por Franz Condori · septiembre 2, 2026
El Gobierno boliviano ha decidido intervenir temporalmente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un tiempo de hasta 180 días. Esta acción responde a problemas en la operación de la empresa y tiene como meta mejorar la logística de importación y distribución de carburantes.
La intervención está regida por el Decreto Supremo 5697, que fue emitido el 1 de septiembre. Este decreto establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria que supervisará las actividades de YPFB durante el tiempo que dure la intervención.
El plazo de intervención podría extenderse una única vez por 90 días más, siempre y cuando el Ministro de Hidrocarburos lo considere necesario, pero también puede finalizar antes si se solucionan los problemas identificados.
Las razones que justifican esta intervención incluyen deficiencias en la logística de importación y distribución de combustibles, lo que podría comprometer el interés público y la seguridad energética del país.
Composición de la Comisión de Intervención
La Comisión estará formada por representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministro de Transparencia. Su enfoque principal será sobre la comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.
Entre las funciones de la comisión está la recomendación de auditorías técnicas para identificar irregularidades en la cadena de suministro y el contrabando, así como la posibilidad de solicitar la incorporación de expertos y apoyo de entidades de control.
Además, la comisión podrá revisar diversos procesos relacionados con la importación y distribución de combustibles, e incluso evaluar decisiones que hayan afectado el abastecimiento y los recursos del Estado. También podrá proponer la remoción de personal si se determina que ha habido irregularidades.
Finalmente, el decreto establece que la intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General, ya que los gastos se cubrirán con los presupuestos de las entidades involucradas en la comisión.