El Gobierno promulga el DS 5693: ¿Medidas desesperadas para los bancos?

El Gobierno de Rodrigo Paz ha implementado el Decreto Supremo 5693, que introduce medidas excepcionales y temporales dirigidas a entidades financieras que, para el 31 de julio de 2026, enfrenten dificultades para mantener sus niveles mínimos de solvencia debido a la actual situación económica. La intención es prevenir un mayor deterioro y asegurar la continuidad de los servicios bancarios.

Una de las principales preocupaciones es la disposición temporal del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, creado en 2026 con el 6% de las utilidades netas de bancos múltiples y PYME. Este fondo originalmente tenía la finalidad de facilitar el acceso a financiamiento, incluyendo garantías para vivienda social y créditos productivos.

Con el DS 5693, el fondo podrá emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial a entidades financieras con problemas de solvencia. Estos certificados estarán vigentes por un plazo máximo de 90 días, lo que implica que recursos antes destinados a garantizar el acceso al crédito ahora se emplearán para apuntalar el patrimonio de algunas instituciones financieras.

Este cambio provoca un debate significativo sobre la estabilidad del sistema financiero. Si algunos bancos deben recurrir a este mecanismo extraordinario para mejorar su solvencia, se plantea la inquietud sobre qué tan grave es realmente la situación del sistema bancario en su conjunto. Sin embargo, el decreto no necesariamente indica que haya una crisis bancaria inminente ni que los fondos sean para cubrir créditos impagables; se requeriría información adicional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y del Gobierno para aclarar estos puntos.

Políticamente, esta medida tiene implicaciones claras: los recursos que deberían facilitar el acceso a la vivienda y promover la producción ahora se pueden utilizar temporalmente para sostener la solvencia de las entidades bancarias. Este fondo ha sido históricamente un pilar para permitir que más bolivianos accedan a viviendas de interés social, incluso cubriendo parte del aporte inicial que los bancos requieren.

La gran pregunta que surge es: ¿Está el Gobierno resguardando el sistema financiero para prevenir una crisis más profunda, o está utilizando recursos que deberían dirigirse a la vivienda y la producción para solucionar los problemas de solvencia de los bancos? La respuesta a esta inquietud podría definir el rumbo de la economía boliviana en los próximos años.