POLÍTICA

$100 MILLONES EN ENLOSETADOS: SURGEN DUDAS SOBRE CLAUDIA BILBAO Y HASBI

El anuncio del Gobierno de destinar $us 100 millones para enlosetados ha despertado cuestionamientos sobre la posible relación entre la legisladora Claudia Bilbao y la constructora HASBI, generando llamados a la transparencia.

Por Franz Condori · agosto 26, 2026

El reciente compromiso del Gobierno de Rodrigo Paz de asignar $us 100 millones a proyectos de enlosetado ha suscitado preocupaciones en relación a las empresas que podrían ser adjudicadas en estas obras. En este contexto, la empresa HASBI ha llamado la atención debido a su conexión con la legisladora Claudia Bilbao, quien es conocida por su apoyo al Gobierno.

Aunque la coincidencia entre el anuncio gubernamental y los intereses de la constructora no prueba automáticamente que haya irregularidades, sí plantea interrogantes sobre la situación actual de Bilbao respecto a HASBI. ¿Tendrá la empresa intenciones de participar en las obras? ¿Existen contratos previos que podrían complicar la adjudicación?

Con el manejo de una inversión pública tan significativa, diferentes sectores han exigido mayor claridad por parte del Gobierno. Solicitan que se haga pública la lista de empresas participantes, sus propietarios, socios y beneficiarios finales, así como los montos que se asignarán y las posibles subcontrataciones.

Además, se ha pedido a Bilbao que aclare sus intereses en relación a este programa y que se aparte de cualquier gestión que pueda dar lugar a un conflicto de intereses, ya sea real o aparente. La transparencia es clave para garantizar la confianza en la gestión de estos recursos.

Hasta el momento, no se ha presentado evidencia que confirme que HASBI haya recibido o tenga asegurada una adjudicación en el nuevo programa. Por ello, sería favorable que tanto la legisladora como la empresa y el Gobierno aclaren cualquier duda antes de que se formalicen los contratos.

Altura Digital permanece abierto a recibir declaraciones de Claudia Bilbao, representantes de HASBI y autoridades del Gobierno para que puedan exponer su versión y presentar la documentación pertinente.