SOCIEDAD

AJAM enfrenta serias limitaciones para fiscalizar la minería en Bolivia

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera alertó sobre su escasa capacidad operativa y la violencia en zonas mineras, especialmente en La Asunta.

Por Alejandra Calle · agosto 24, 2026

La AJAM ha informado que está colaborando con la Policía Boliviana y el Ministerio Público en respuesta a los disturbios ocurridos cerca del río Boopi, en La Asunta, La Paz. Sin embargo, enfrenta restricciones significativas en términos de presupuesto, logística y personal.

La autoridad minera reveló que solo dispone de tres vehículos para atender todas las denuncias relacionadas con actividades mineras en el país, lo que representa un gran desafío dado el alto número de casos que deben manejar.

Además, las intervenciones se llevan a cabo principalmente en áreas de alto riesgo, donde la seguridad de los funcionarios es crítica. Por esta razón, la AJAM enfatiza la necesidad de una mejor coordinación con otras instituciones.

Violencia en La Asunta por minería ilegal.

Alicia Quispe, presidenta del Concejo Municipal de La Asunta, reportó que los recientes altercados por actividades mineras ilegales dejaron a ocho personas heridas, algunas con lesiones graves en la cabeza y el rostro. Quispe criticó la falta de respuesta de la AJAM a los informes solicitados sobre la legalidad de las cooperativas en la región, especialmente ante la llegada de la temporada de lluvias.

El conflicto escaló el sábado cuando comunarios y cooperativistas se enfrentaron en la ribera del río Boopi. Los comunarios argumentan que la minería está causando daños ambientales y poniendo en riesgo sus fuentes de agua. Después de los disturbios, decidieron llevar aproximadamente 15 vehículos de carga pesada al centro poblado, donde se acordó entregarlos a la Alcaldía de La Asunta.

La AJAM concluyó que seguirá realizando acciones dentro de su marco legal y trabajando en coordinación con las autoridades pertinentes para abordar las denuncias y clarificar los hechos ocurridos.

Las limitaciones presupuestarias, logísticas y de recursos humanos constituyen uno de los principales desafíos para el control y fiscalización de posibles actividades mineras ilegales.