Controversia por el rol de Cerimedo en el gobierno de Paz

El Gobierno de Rodrigo Paz aclaró que Fernando Cerimedo no ocupaba un cargo formal en la administración, pero este anuncio ha suscitado nuevas interrogantes debido a ciertos documentos que lo asocian directamente con el aparato estatal. Entre ellos, destaca una tarjeta donde Cerimedo aparece como "Asesor Principal del Presidente", así como la utilización de un correo electrónico institucional. Estos hallazgos contrastan con la versión oficial que sostiene que Cerimedo era un asesor externo y no un funcionario público.

Lo que genera más controversia no es solo el título que figura en la tarjeta, sino la necesidad de investigar quién otorgó la autorización para que Cerimedo pudiera actuar y comunicarse usando recursos del Estado. Aunque un correo institucional no se traduce automáticamente en un nombramiento oficial, sí plantea cuestionamientos sobre cómo un particular tuvo acceso a servicios gubernamentales. La legislación boliviana tiene pautas claras sobre el uso de bienes públicos y las responsabilidades asociadas a su uso indebido.

Otro aspecto crítico en este asunto es la posible usurpación de funciones públicas. Según el artículo 163 del Código Penal boliviano, se castiga a quienes ejerzan funciones públicas sin un nombramiento oficial. Si se comprueba que Cerimedo actuó en funciones propias de un funcionario sin tener un nombramiento, se tendría que evaluar si existió alguna conducta que pueda ser considerada delictiva, aunque el solo uso del título "asesor principal" no sea suficiente para afirmar que hubo un delito cometido.

Las preguntas también recaen sobre los funcionarios que facilitaron a Cerimedo el acceso a recursos institucionales. La Ley 004, conocida como Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, señala en su artículo 26 el delito por el uso indebido de bienes y servicios públicos, y establece consecuencias para quienes destinen recursos estatales a beneficio personal o de terceros sin justificación. Además, el Código Penal prevé sanciones para los servidores públicos que incumplen con sus deberes, lo que añade más presión sobre quienes pudieron autorizar el acceso de Cerimedo a la infraestructura estatal.