Investigación sobre 'gasolina basura' señala a gobiernos de Arce y Paz

Carlos Alarcón, diputado y vocero de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el escándalo de la 'gasolina basura', declaró que el informe elaborado por esta comisión señala la posible responsabilidad de autoridades de ambos gobiernos, el de Luis Arce y el actual.

El documento será revisado en el pleno de la Cámara en los próximos días, donde se definirá el rumbo de la investigación relacionada con la calidad del combustible y los contratos implicados en su suministro.

Alarcón mencionó que entre los mencionados en el informe están el expresidente Luis Arce Catacora, los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, así como también exdirectivos de YPFB, incluyendo a Wilson Dorgathen.

"Las evidencias apuntan a que ambas administraciones tienen responsabilidad en este asunto", aseguró el legislador, quien también enfatizó que cualquier intento de modificar o ignorar las conclusiones del informe debe ser justificado. En este sentido, cuestionó a la presidenta de la comisión, la diputada Ximena Arispe, sobre la gestión del documento.

Uno de los puntos destacados por Alarcón es un contrato entre YPFB y la empresa Ditol, firmado durante la gestión de Dorgathen, que fue modificado en varias ocasiones. Entre las modificaciones, la última se realizó el 17 de diciembre de 2025, justo cuando se eliminó la subvención a los combustibles.

El diputado cuestionó la decisión del nuevo Gobierno de ampliar el contrato en lugar de dejarlo caducar y buscar opciones más adecuadas según las nuevas condiciones del mercado, planteando que esa decisión permitió que el contrato se extendiera hasta el 30 de junio de 2026, periodo durante el cual se mantuvo la provisión de combustible vinculado al escándalo.

Este caso es crucial, ya que involucra a YPFB, la principal empresa estatal del sector de hidrocarburos, y afecta directamente la economía del país a través del suministro de combustibles.

Alarcón subrayó que las responsabilidades no deberían recaer solo en un gobierno, dado que el contrato se originó en la administración de Arce y continuó siendo modificado en la actual gestión. Además, criticó que el informe permaneciera sin ser tratado durante un mes desde que fue enviado a la presidencia de la Cámara Baja.

Finalmente, el documento pasará al pleno de Diputados, que tendrá que evaluar las recomendaciones de la comisión y decidir si se deben establecer responsabilidades políticas o administrativas en este proceso de investigación.