POLÍTICA

Nuevo decreto busca optimizar el seguimiento de procesos legales en Bolivia

El Decreto Supremo 5780 establece capacitaciones para abogados y personal administrativo en el manejo del sistema Riape, buscando mejorar la gestión de casos del Estado.

Por Boris Mamani · noviembre 21, 2026

La nueva normativa, conocida como Decreto Supremo 5780, fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz Pereira el 19 de noviembre de 2026 y tiene como objetivo mejorar la gestión y el seguimiento de los procesos legales del Estado boliviano. Esta medida incluye la capacitación de abogados y personal administrativo en áreas clave como Gestión Pública y Defensa Legal del Estado.

La Procuraduría General del Estado (PGE) reveló que un alarmante 75,55% de las entidades gubernamentales no estaba cumpliendo con los plazos de actualización de sus procesos legales. Esta situación se debe principalmente al desconocimiento del sistema Riape, que abarca tanto el Registro de Abogados del Estado (RAE) como el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE). Con la nueva capacitación, se espera reducir esta brecha de conocimiento.

El decreto establece que habrá dos tipos de capacitaciones: la primera, centrada en Gestión Pública y Defensa Legal del Estado, se dirigirá a los abogados asesores de las unidades jurídicas que manejan los procesos. La segunda capacitación será sobre el uso del sistema Riape, destinada a abogados que gestionan casos, personal encargado de registrar información jurídica y Recursos Humanos que maneja la inscripción de abogados.

Los funcionarios tendrán un año para completar las capacitaciones, a partir de su incorporación al cargo o desde la publicación del decreto para quienes ya están en funciones. Las Unidades de Recursos Humanos serán responsables de asegurar que se cumpla este requisito, y la única acreditación válida provendrá de la Escuela de Abogados del Estado.

Con esta iniciativa, la PGE refuerza su estrategia de proteger y representar los intereses del Estado, asegurando que las unidades jurídicas operen de manera eficiente y con un conocimiento adecuado de los procesos legales. Además, la Escuela de Abogados del Estado se establece como la entidad oficial para la formación de los servidores públicos en el ámbito de la defensa legal y el registro de información jurídica.