Gerente de Delapaz bajo la lupa por contratos perjudiciales al Estado
Miguel Ángel Núñez Gaspar, gerente general de Delapaz, enfrenta serias acusaciones de contratos perjudiciales al Estado relacionados con la compra de un terreno en El Alto en 2020, con un impacto económico de más de un millón de bolivianos.
Por Franz Condori · noviembre 18, 2026
Miguel Ángel Núñez Gaspar, quien ocupa el cargo de gerente general de la Distribuidora de Electricidad de La Paz (Delapaz), se encuentra en el centro de una controversia debido a una acusación que lo señala por presuntos contratos perjudiciales al Estado. La denuncia está vinculada a la adquisición de un terreno en la ciudad de El Alto durante el año 2020, y se estima que esta operación ocasionó un daño económico significativo de Bs 1.392.000.
La situación ha generado reacciones entre representantes de la empresa EmprelPaz y líderes de las 20 provincias del departamento de La Paz, quienes demandan al Ministerio Público que agilice las investigaciones y defina responsabilidades. Además, critican que Núñez Gaspar haya retornado a su puesto en Delapaz a pesar de la acusación en su contra.
Fiscalización y exigencias de responsables
La diputada Julieta Jiménez, de la Alianza Unidad, expresó su preocupación por el regreso de Núñez Gaspar a su cargo y anunció que llevará a cabo acciones de fiscalización. "Voy a vigilarlo, porque Delapaz pertenece a todos los paceños", declaró, subrayando la necesidad de esclarecer la situación.
La acusación formal, presentada por el Ministerio Público, también implica a Marco Antonio Pinto Calisaya y Raúl Antonio Saavedra Careaga por contratos lesivos, así como a Rodrigo Bernardo Cardoso Bacafre, quien enfrenta cargos adicionales por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía ha solicitado que se realice un juicio oral y pide una condena con la pena máxima establecida por la ley.
Adicionalmente, los representantes de las 20 provincias de La Paz han exigido la devolución de propiedades, áreas de operación y bienes de EmprelPaz, un reclamo que se ha mantenido vigente durante más de diez años. Los líderes denunciaron que hay obstáculos que impiden la recuperación de estos bienes.
"Es inaudito que la misma persona sea acusada y al mismo tiempo tenga participación en el proceso. A pesar de que la Fiscalía ha solicitado 10 años de cárcel, el juicio lleva tres años sin avanzar. Pedimos que el Ministerio Público de La Paz acelere las investigaciones y se resuelva este caso", manifestó un representante de las provincias movilizadas.